¿Qué incluye la reforma eléctrica de AMLO?
La reforma pretendía modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, agregando una serie de disposiciones transitorias. El principal objetivo era derogar las reformas energéticas de 2013 propuestas por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Según la visión del presidente López Obrador, la ley de nueve años no beneficiaria al país ni a los mexicanos porque otorga mayores beneficios a empresas privadas y extranjeras.
Por esta razón, el gobierno de la 4T presento una iniciativa de reforma energética destinada a apoyar la autosuficiencia de las centrales eléctricas estatales y reducir las ventas de energía de proyectos privados en el extranjero, entre otras cosas. En otras palabras, se limitará la energía limpia a la hora de intentar enviar electricidad al país.
Además, se reiteró en varias ocasiones que de aprobarse esta reforma, el Centro Nacional de Control de Energía iba a ser controlado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En otras palabras, se convertiría en una institución estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Por tanto, la CFE sería la responsable del sistema eléctrico nacional.
De acuerdo con la Confederación de Empleadores de la República Mexicana (Coparmex), si se hubiera aprobado la iniciativa, las facturas de electricidad aumentarían 17 por ciento para los hogares y 150 por ciento para las empresas.
Además, las reformas amenazarían la sostenibilidad ambiental y violarían acuerdos internacionales, perjudicando así las finanzas públicas.
La reforma trastocaría el mercado eléctrico nacional y afectando la cadena de valor del sector energético, suprimiendo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), al revertir el despacho de energía eléctrica, favoreciendo a las plantas de la CFE.
